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No somos iguales ante la justicia

Julio-R. Bosch y 9 firmantes más abogados A cualquier puede pasarle. Un día la relación de pareja se resquebraja y nos encontramos en un procedimiento judicial de divorcio en el que los hijos son el centro alrededor del que gravitan otras cuestiones. La custodia de los hijos sigue siendo tremendamente importante en estos procedimientos de separación o divorcio. Si hay acuerdo entre los progenitores a ese respecto serán esas otras cuestiones las que nos ocupen, pero aquí nos referimos a cuando falta el acuerdo. La Ley, Código Civil y Ley de Custodia compartida de la Generalitat Valenciana, al referirse a la custodia de los hijos nos habla del dictamen de especialistas cualificados o de informes sociales, médicos y psicológicos.

En el partido judicial de Valencia, que abarca exclusivamente el término municipal de Valencia, existe el gabinete psicosocial adscrito a los Juzgados de Primera Instancia de Familia, formado por dos trabajadores sociales y ocho psicólogos, si bien se estima que se necesitan trece para que funcione correctamente, es decir, sin dilaciones. En la provincia de Valencia existen otros quince partidos judiciales, excluidos Sueca y Alzira por los que no podemos hablar al tener sus propios Colegios de Abogados de los que los firmantes no formamos parte, que carecen de ese servicio que presta la Generalitat Valenciana en favor de los habitantes de Valencia capital.

En absoluto es nuestra intención señalar esa discriminación para intentar suprimirla, sino todo lo contrario. Pretendemos que se iguale a «los de pueblo» con los de la capital, pues ahora mismo no todos somos iguales ante la Justicia.

El informe del gabinete psicosocial de los Juzgados de Valencia no cuesta un céntimo a los progenitores litigantes, pero si ese mismo informe se ha de realizar por un psicólogo designado judicialmente, es decir en los partidos judiciales de los que hablamos, su coste está entre los 770 y 1.280 €, salvo que los litigantes tengan la mala fortuna de ser beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita. En estos casos el informe lo hace un psicólogo designado por turno que, pese a sus años de carrera universitaria, estudios adicionales, experiencia, entrevistas con los progenitores y con el menor, desplazamientos al Juzgado, etc. percibirá de la Consellería 150 € por su trabajo (hasta hace bien poco 90€).

A efectos comparativos hemos tomado los datos de 2014 de la estadística judicial, tanto en cuanto a habitantes, como a procedimientos judiciales en los que pudiera darse la intervención de ese gabinete psicosocial. En cuanto a procedimientos hemos considerado los «resueltos» y sólo aquellos que son no consensuados (divorcios y separaciones, medidas previas, coetáneas, posteriores, modificaciones de medidas y guarda y custodia y alimentos de hijos no matrimoniales).

Por número de habitantes Valencia tiene 786.424; los otros quince partidos judiciales suman 1.525.850. Es decir, casi el doble de ciudadanos no tienen derecho a lo que los del cap i casal sí que tienen.

Por número de procedimientos los cuatro Juzgados de Valencia resolvieron en 2014 un total de 2.590 procedimientos de los antes mencionados. En todos ellos no interviene el gabinete psicosocial, pero tomamos ese número global a efectos comparativos. Los Juzgados de Llíria (604)1, Gandía (459), Ontinyent (173), Torrent (648), Sagunto (276), Carlet (237), Xàtiva (169), Requena (290), Catarroja (318), Moncada (362), Paterna (478), Quart de Poblet (242), Mislata (260), Masamagrell (264) y Picassent (191) tramitaron un total de 4.971 procedimientos. Como vemos, casi el doble que en Valencia capital.

No se puede mantener esa peor condición de los ciudadanos de la provincia frente a algo que la administración de justicia tiene como servicio consolidado desde años atrás a favor del partido judicial de Valencia.

La creación de un gabinete psicosocial en cada una de las cabezas de partido antes mencionadas se nos aparece como algo desproporcionado y antieconómico. Por ejemplo, en Ontinyent en 2014 se tramitaron 173 de esos procedimientos. Si no en todos es necesaria la formulación de dictámenes de especialistas establecer un gabinete psicosocial en esa población sería desmesurado, porque había días que los especialistas estarían mano sobre mano. Por otra parte, en los Juzgados de Torrent y Llíria se tramitaron 1.252 de esos procedimientos, luego ahí sí que es imperativo el establecimiento de ese servicio. Pero hay que intentar conjugar el derecho de todos. El establecimiento de un gabinete psicosocial volante compuesto por veinticinco psicólogos, que prestaran sus servicios en locales cedidos por los respectivos Ayuntamientos para que los especialistas pudieran entrevistarse con los progenitores y sus hijos y una correcta planificación de las entrevistas solucionaría un problema económico de muchos litigantes y equipararía los servicios a los ciudadanos de esos quince partidos judiciales a los que reciben los ciudadanos de Valencia, además de homogeneizar los criterios que se dan al juez por parte de los especialistas.

Publicado en Levante-El Mercantil Valenciano el 28/01/2016